El término lobby lo asociamos equivocadamente a su concepción más clásica, el del espacio físico de espera en las entradas de los hoteles, donde un colectivo de empresarios de actividades poco claras espera fumando puros a ser recibidos para, vía cohecho, obtener prebendas en perjuicio de la sociedad. Esta imagen tan cinematográfica no se corresponde con la realidad.

En la actualidad, las acciones de lobby son una actividad más que se realiza por firmas profesionales en todo el mundo, incluida España, consistente en la promoción de artículos periodísticos o doctrinales, congresos profesionales, etc. con la finalidad de dar sustento intelectual y promoción a los intereses de quienes les pagan por ello.

Hace años ya, en Enero de 2009 publicaba Expansión que los despachos de abogados ganaban más de 100 millones de euros en España por labores de lobby.

Esta labor es muy evidente en determinados asuntos donde los especialistas independientes abogan por unas soluciones legislativas y enfrente grandes firmas abogan por lo contrario. A modo de ejemplo, las reformas de la Ley Concursal o referentes a ejecuciones hipotecarias cuando afectan a las entidades financieras y su reforma es necesaria según manifiestan los expertos – catedráticos y profesores universitarios, jueces y otros funcionarios cualificados que se pronuncian al respecto,  abogados de pequeños despachos independientes especializados o los notarios-  encuentran inmediatamente la respuesta de grandes despachos amparados en su renombre que abogan por no realizar reformas que afecten a sus clientes. A cambio de un precio, claro está.

Esta labor de lobby es totalmente legítima, puesto que todos tenemos derecho a defender nuestros intereses y privilegios.

Y así se ha entendido en USA y en la UE, pero tanto por unos como otros con unos límites. El principal límite es retratarse. Quien desee hacer labores de lobby deberá inscribirse en un registro. Quien quiera contratar con una de estas firmas deberá hacerlo público. De esta manera sabremos distinguir un dictamen profesional de una opinión comprada. Y no se permitirán regalos que superen los 150 €. Además deberán someterse a un código de conducta. Los ex parlamentarios tendrían vedado formar parte de estos lobbies.

La UE nos apremia a que nos adaptemos a esta situación y parece que así lo vamos a hacer a través de la Ley de Transparencia que se va a aprobar próximamente.

Y por cierto, como es evidente no ejerzo labores de lobby.