Primeras soluciones al drama de los desahucios
El gobierno anuncia un Real Decreto Ley en que acuerda la Paralización durante dos años de los lanzamientos, es decir, de la fase final de desahucio, que afecten a los colectivos que no superen el nivel de rentas previsto tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos), que en 2012 es de 532 euros al mes, lo que representaría familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros; en los que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 por 100 en los últimos cuatro años; en los que la cuota hipotecaria supere el 50 por 100 de los ingresos netos; en los que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad; y, además, se encuentren en alguna de estas circunstancias:
· Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente,· Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo,· Ser familias con algún menor de tres años,· Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 por 100 o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral,· Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo,· Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral,· Estar en algunos supuestos de violencia de género.
Además anuncia la “Creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.”
Y anuncia reformas en la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley en relación a intereses de demora y subastas.
Por su parte la abogacía ha publicado un formulario para oponerse al lanzamiento y que se puede ver en este enlace:
A su vez, ya tenemos las conclusiones de la Abogada Generaldel Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sra. Juliane Kokott en la que considera que las causas de oposición a la ejecución, tan limitadas en el derecho español, violan los derechos de los consumidores.
Veremos hacia donde deriva esta situación.