Hasta aquí los datos objetivos. A partir de aquí podemos plantearnos si estamos en una situación de extraordinaria y urgente necesidad que aconseje no tramitar por la vía ordinaria las nuevas leyes y optar por hacerlo como proyectos de ley.

El control de constitucionalidad de la figura elegida recae en el Tribunal Constitucional, órgano de designación política y que no forma parte del Poder Judicial como en otros paises que dejan dicho control en manos de una sala especial de su Tribunal Supremo. Quis custodiet ipsos custodes?

A más INRI, el gobierno actual dispone de una mayoría absoluta que le permitiría sacar adelante sus proyectos de ley sin atender a enmiendas de la oposición.

Entonces ¿por qué se nos hurta el debate sobre cada ley? ¿No tenemos derecho los ciudadanos a conocer y participar de los procesos legislativos?  La sociedad está siendo tratada como un menor a quien hay que tutelar sin atender a sus propias decisiones (y necesidades) porque la propia sociedad ha hecho dejación de sus obligaciones. Nuevamente pregunto ¿quien vigila a los vigilantes?

La futura Ley de Transpariencia (en este caso curiosamente no se trata de un Real Decreto Ley) puede servir para que empecemos a tomar conciencia de que somos nosotros quienes somos el último vigilante, el guardián entre el centeno.