a)   Hacienda Pública. Establece el artículo 175.2 de la Ley General Tributaria por remisión del artículo 42 de la misma norma que deberá solicitarse por el adquirente con la anuencia del deudor un certificado de deudas, lo que conllevará la liberación para el adquiriente de las deudas de la deudora reconocidas en dicho certificado. Esta solicitud facilita la traslación dejando sin efecto el riesgo de derivación de la deuda tributaria.

En relación a créditos con privilegio especial que pudieran existir derivados de garantías reales sobre bienes del deudor dichos bienes responderán de las mismas, por lo que la sucesión empresarial no se realiza libre de dichas cargas.

 

b)   FOGASA. Con carácter extra concursal y con la finalidad de evitar la oposición del FOGASA es factible la negociación de un Convenio de Recuperación para el pago de la deuda concursal en los términos fijados por el artículo 32 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial y su desarrollo en la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1985, sobre conclusión de acuerdos de devolución de las cantidades satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial y la Orden de 20 de enero de 1999 por la que se modifica la de 20 de agosto de 1985 sobre conclusión de acuerdos de devolución de cantidades satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial.

Dicha norma permite aplazar la deuda hasta 8 años con 6 meses de carencia, lo que facilita la traslación a la nueva empresa dado que determina la deuda exacta y la forma de pago.

Obviamente, en empresas de menos de 25 trabajadores el 40% de las indemnizaciones las asumirá el FOGASA a fondo perdido y no formarán parte de este Convenio de Recuperación.

En determinados casos se ha procedido a la rescisión de la totalidad de la plantilla de trabajadores con la finalidad de que el FOGASA abone las indemnizaciones y quede el adquirente libre de obligaciones salariales aún cuando contrate nuevamente a los mismos trabajadores, si bien, en tales casos es posible que el FOGASA se oponga a la traslación.

c)   La T.G.S.S. no se opondrá a la traslación en sí misma, sino a los efectos de la misma, pretendiendo que su crédito se traslade íntegramente, contra la masa y concursal, a la nueva empresa.

Ahora bien, es factible una negociación y acuerdo extra concursal y para ello habremos de considerar que no todo el crédito debe tener la misma consideración.

Este acuerdo puede permitir en determinados casos el pago en plazos de hasta cinco años.

De estos créditos, resultaría innegociable la cuota obrera, recogida como privilegio general en el artículo 91.2 de la Ley Concursal, por ser retenciones practicadas a terceros, los trabajadores, que de no ser recuperadas por la Administración le obligan a una cotización por bases mínimas, con el perjuicio evidente para el retenido, y por las derivaciones en cuanto a apropiación indebida conllevan.

Por otro lado, y para aquellos casos en que el deudor haya establecido garantías reales sobre bienes, tendrían la consideración de créditos con privilegio especial, recogidos en el artículo 90.1 de la Ley Concursal, cuyo pago deberá hacerse conforme al artículo 155.3  de la Ley Concursal.

En cualquier caso, entiendo que se produce la traslación de la garantía sobre la deuda, pero no así la deuda que muere en la traslación, de modo que en caso de que el bien no tenga un valor suficiente para cubrir la deuda que garantiza, el adquiriente no se responsabiliza de las cantidades pendientes. Sería la figura del hipotecante no deudor, si bien, dada la posible necesidad de dicho activo para la continuidad de la empresa deberá plantearse la inclusión de la misma en la negociación.

En cuanto al resto de los créditos deberían formar parte de la comunidad de pérdidas, de forma que el adquiriente debería intentar un acuerdo abonado la deuda contra la masa y la del 91.2 de la Ley Concursal, y en su caso la del 90.1 de la Ley Concursal, buscando un pago aplazado hasta 5 años.