El sistema registral español en cuanto a los registros civiles es público, de acceso gratuito y bajo la tutela del correspondiente Juzgado de 1ª Instancia, de tal forma que para cualquier decisión que afecte al estado civil de las personas es dicho juzgado quien resuelve.

Esto garantiza una total seguridad jurídica, además de un acceso gratuito para todos. Un sistema que funciona. Indudablemente, al igual que el resto de nuestro sistema judicial, se encuentra por debajo de la media de los países más avanzados en cuanto a la asignación de recursos por parte del Estado, con lo que el incremento de la población que se ha producido en la última década exigía tomar medidas para paliar la sobrecarga de trabajo.

La idea inicial ha sido buena. La digitalización e inversión tecnológica que mejore el servicio. Esta medida ha tenido un elevado coste económico para las arcas del Estado, pero redunda en beneficio de todos los ciudadanos. Es decir, en beneficio nuestro.

Ahora se pretende la desjudicialización de este servicio que se haría de la siguiente manera:

- El coste económico de esta inversión tecnológica se regalaría a aquel colectivo que se quede con este servicio. Es decir, lo pagamos todos y se lo regalamos.

- Quien preste este servicio nos cobrará a los ciudadanos, que recordemos que acabamos de hacer una fuerte inversión en el mismo, una tasa o arancel  por el uso del mismo.

- Los trabajadores de los Registros Civiles, que son contratados laborales de la administración serán despedidos con cargo al erario público, y no pasan a ser contratados por quien preste este servicio.