Se anuncia por el Gobierno una futura reforma legal que va a suponer la modificación del plazo de prescripción de las deudas financieras de los consumidores, reduciendo el plazo de los actuales 15 años a los más razonables 4 o 5 años. Es un mero ejercicio de gatopardismo.

Como en el Gatopardo, en el que se cambia todo para dejarlo como al principio, hay una aparente mejora de la posición del deudor, quien puede venir a mejor fortuna en un momento dado y no tener ya la espada de Damocles de una deuda vencida y no satisfecha hace años.

Pero la realidad actual es que las entidades financieras tienes equipos de recuperación de créditos y la alternativa de la venta de dichos créditos a entidades de gestión de carteras de impagados.

La prescripción se interrumpe fácilmente con una interpelación en la sede judicial por lo que los 5 años se vuelven todo lo eternos que quieran los acreedores, hasta que el acreedor se convierte en un pensionista o jubilado a quien resulta muy fácil de perseguir económicamente.

La solución para el acreedor espera al establecimiento de leyes de segunda oportunidad.